El IRPODHA RECUPERO VIVIENDAS DESOCUPADAS POR SUS ADJUDICATARIOS .

El Iprodha recupera casas que no son ocupadas y las vuelve a sortear

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) endureció los controles para garantizar que las viviendas sociales cumplan con su fin único: ser habitadas por quienes realmente las necesitan. El presidente del organismo, Juan Carlos Pereira, confirmó que se están intensificando los operativos de verificación para detectar inmuebles deshabitados o con ocupación irregular. Una vez entregada la llave, el beneficiario tiene la obligación de residir de forma permanente y mantener las cuotas al día. En caso de detectarse que la casa está vacía o en alquiler, se inicia un proceso administrativo y legal que culmina con la desadjudicación y el recupero del inmueble por parte del Estado provincial.


El proceso no es arbitrario y contempla el derecho a defensa de los adjudicatarios, incluyendo informes sociales y jurídicos. No obstante, Pereira aclaró que existen excepciones como enfermedades graves que obliguen a traslados temporales, situaciones que deben ser acreditadas para solicitar una guarda oficial. Con un parque habitacional de aproximadamente 50.000 viviendas en toda la provincia, las irregularidades detectadas son casos aislados, dándose con mayor frecuencia en barrios que tienen más de 15 años de antigüedad. El organismo recordó que, mientras la propiedad no esté cancelada totalmente, el dueño legal sigue siendo el Iprodha y cualquier uso indebido habilita la intervención estatal.


Una vez que la vivienda es recuperada mediante resolución, vuelve a ingresar al sistema para ser asignada a una nueva familia a través de sorteos públicos. Se priorizan grupos familiares con integrantes con discapacidad, situaciones de extrema vulnerabilidad o urgencias habitacionales críticas. Desde el Instituto instaron a los vecinos a realizar las denuncias correspondientes a través de los canales oficiales si observan casas adjudicadas que permanecen cerradas o son utilizadas con fines comerciales, reafirmando que la vivienda propia es un derecho que conlleva la responsabilidad ética y legal de ser ocupada.


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