Misiones lleva a la Corte Suprema, la defensa de las Pensiones por Discapacidad
El gobernador Hugo Passalacqua presentó una medida cautelar ante el máximo tribunal del país, para proteger a las 10 mil familias que fueron despojadas de su ingreso esencial por decisión del gobierno nacional y la ANDIS.
Miércoles, 3 de septiembre de 2025 - 10:45 hs.

La Provincia de Misiones formalizó una acción de amparo con medida cautelar innovadora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en defensa de miles de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros derechos conexos que fueron suspendidos por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que instruyó al fiscal de Estado para promover una acción de amparo en defensa de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez. La medida judicial se enmarca en el expediente Nº 2128/2025, “Provincia de Misiones c/Estado Nacional y otro s/ amparo”.
La presentación, encabezada por el Fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, junto a los abogados José Sebastián Santiago Delgado y Christian Horacio Lampugnani, solicita al máximo tribunal el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones, el reconocimiento de los retroactivos adeudados y la nulidad de las auditorías irregulares que dejaron a más de 10.000 familias sin su ingreso esencial.
Un reclamo federal con sustento constitucional
El escrito judicial fundamenta la legitimidad de la acción en el artículo 128 de la Constitución de la Provincia de Misiones y en la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (Ley I N° 18, antes N° 456), que le otorgan al Fiscal de Estado la representación de la Provincia para defender el patrimonio público y actuar en procesos donde se controviertan sus intereses.
“La Fiscalía de Estado es parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se lesionen los derechos de la Provincia”, sostiene el escrito, reforzando la competencia directa de Misiones para reclamar en nombre de sus ciudadanos afectados.
Denuncias de irregularidades y atropello a la dignidad
El planteo no solo exige la restitución de los pagos, sino también la nulidad de las auditorías realizadas en Misiones, que fueron denunciadas como arbitrarias: citaciones que nunca llegaron, domicilios inexistentes
verificaciones imposibles de cumplir y procedimientos que confundían entrevistas con inspecciones formales.
El Consejo Provincial de Discapacidad, coordinado por Tatiana Antúnez, relevó desde el primer día un escenario caótico: correos colapsados, oficinas improvisadas y notificaciones que advertían suspensiones en apenas 30 días si no se cumplían requisitos casi inalcanzables.
Una medida urgente para garantizar derechos
La acción judicial pide que la Corte Suprema adopte medidas inmediatas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, en un contexto donde la suspensión masiva de beneficios dejó a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad.
La presentación de Misiones introduce así un caso federal que podría sentar jurisprudencia a nivel nacional, poniendo en debate el alcance de las auditorías, la validez de las suspensiones y el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Fuente: Agencia Hoy
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