Se auditó la emisión de deuda externa: Hubo irresponsabilidad total

La Comisión de Supervisión de deuda pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe de auditoría de emisiones de bonos en 2016-2018.

La Comisión de Supervisión de deuda pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe de auditoría de emisiones de deuda externa 2016-2018. La entidad resalta la importancia del riesgo jurídico en la emisión de títulos públicos (o bonos) que incluyen la llamada prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros.

El objetivo fue evaluar la gestión de las colocaciones de bonos en el mercado de Nueva York durante el periodo 2016-2018

Durante este periodo la Argentina colocó un total de 18 nuevos bonos bajo ley extranjera.

Esta emisión por más de 45.000 millones de dólares equivalió al 64 del total de títulos de deuda externa de la República Argentina y su impacto fue similar al del préstamo del FMI tomado en el año 2018.

Solamente en el año 2016 la Argentina colocó 22.000 millones de dólares, es decir, el 50% de este monto en el mercado de Nueva York

De este total, 9.300 millones de dólares se destinaron a cancelar el juicio Griesa con los holdouts juicio activado por la cláusula de Par yasu de los bonos en litigio.

 

Y es que: "Las cláusulas contenidas en los nuevos bonos generan altos niveles de riesgo jurídico, ya que ante la ocurrencia de eventos de default ellas abren la posibilidad de litigios en jurisdicción extranjera, limitando la capacidad de defensa de la nación."

Qué se encontró en esta auditoría?

Las leyes de presupuesto de los años auditados no discriminaron el tipo de deuda a colocar deuda interna o externa, dejando en la decisión del poder ejecutivo la resolución, incumpliendo lo establecido en el artículo 60 de la ley de administración financiera.

 

No se establecieron objetivos claros de emisión de deuda pública que incluyan lineamientos respecto de la deuda externa en el marco de una estrategia de gestión conforme a estándares internacionales

 

El proceso de colocación no contó con las intervenciones requeridas por la ley, no hubo procedimientos ni manuales aprobados formalmente, lo cual dejó un gran vacío en las decisiones de los funcionarios intervinientes.

 

En la selección de las entidades financieras intervinientes no se analizaron los parámetros de riesgo de solvencia fiducia ni capacidad de cumplir con los compromisos que pudieron surgir de la oferta.

 

Las áreas jurídicas no asesoraron sobre la jurisprudencia relevante de los tribunales de Nueva York relacionada con las cláusulas insertas en los prospectos, la ejecución de bienes y el posible impacto de estos riesgos en la capacidad de pago del país.

 

La decisión de endeudarse debió haber tenido en cuenta la capacidad de pago del país, ya que, en caso de cesación de pagos, se activarían las cláusulas asociadas a este evento. El informe indica que este análisis:

 

No se realizó

 

El auditado tomó decisiones que determinaron un importante y sostenido aumento de la deuda externa, sumando elementos adicionales de riesgo jurídico contingente a la cartera. La gestión de esta deuda careció de evaluaciones:

  • Completas
  • Eficientes
  • Oportunas con los altos niveles de riesgo jurídico

El impacto de la deuda externa

La decisión de endeudamiento y colocación de bonos durante el periodo auditado determinó un deterioro de la capacidad de pago de nuestro país, provocando un serio impacto en las cuentas externas futuras de la Argentina.

 

El empeoramiento de los indicadores de capacidad de pago del año 2018 y el efecto en la trayectoria externa y fiscal de la deuda de la República Argentina, provocó que se iniciara una reestructuración de estas emisiones en el año 2020.

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